2008-08-17
A tiro de piedra
Seguridad pública
El plan de seguridad pública propuesto por el gobierno nacional tiene a favor el deseo de brindar protección policial a la comunidad; sin embargo, ciertos aspectos entrañan el peligro de crear estructuras que van más allá de lo meramente inconveniente e innecesario, como el servicio nacional de inteligencia y seguridad.
Crear un servicio de inteligencia está fuera de proporción, porque ello implica un cuerpo independiente, con mando y con carrera, lo que supone el establecimiento de jerarquía y escalafón. Tal como se propone, en mi opinión, es crear más burocracia y dispersar su control convirtiéndolo, a la postre, en un ente ineficiente. Lo apropiado para el país, por su tamaño e instituciones, sería un organismo encargado de analizar las situaciones de peligro y amenaza de la seguridad pública, a partir de la información que se genera desde la policía, migración, investigación judicial, y otras instancias que vigilan y combaten el crimen y las posibles actividades criminales.
El llamado servicio de inteligencia, cuyo nombre debe cambiarse para uno más adecuado con su misión y el régimen democrático, debe convocar a expertos en diversas áreas como: especialistas en movilización humana, población, juristas, criminalistas, psicólogos, y otros profesionales o científicos que puedan analizar datos y advertir situaciones de peligro y amenaza para el país. La labor de investigación, fiscalización, y seguimiento debe estar en manos de otros organismos o autoridad competente.
Lo mismo vale para el proyectado servicio nacional de fronteras que, por la coyuntura con Colombia, principalmente, se pretende convertir en una nueva fuerza pública dentro de la existente. No tiene por qué ser un servicio nuevo, cuando muy bien podría ser una unidad de la policía nacional, con el equipo y el entrenamiento propios de un cuerpo policial de fronteras. Tendría funciones específicas, pero sin mando separado, como se procura hacer ahora. Ahorraríamos recursos y nos evitaríamos crear un ente nuevo, cuya consecuencia inmediata será encarecer el presupuesto de la fuerza pública y desmembrar a la actual policía.
Ya nuestras observaciones fueron hechas en una reciente reunión en la Presidencia de la República, pero las hacemos públicas porque la comunidad tiene derecho a saber lo que se nos viene encima. El gobierno consulta, pero aún falta que demuestre que acoge y pone en práctica las observaciones de los consultados. Existe el deseo de hacer algo, y eso es ya un avance; pero que el afán no nos lleve a cometer errores que luego tendremos que lamentar. A mi modo de ver, los puntos más críticos están en los servicios de inteligencia y fronteras.
Nos queda un gran trecho por andar si queremos construir sobre bases sólidas el sistema de protección y seguridad pública que necesita el país. La prisa no es buena, y tampoco la dilación politiquera. La necesidad de mayor seguridad pública es real; también lo es que el enfoque y la estructura sean de carácter policial, dentro del contexto profesional y moderno. Nada de ejército, ni el arcaico sistema de pito y tolete. El desafío existe y tenemos que afrontarlo.
Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org
Ir a Panorama Católico Edición Digital
A tiro de piedra
Seguridad pública
El plan de seguridad pública propuesto por el gobierno nacional tiene a favor el deseo de brindar protección policial a la comunidad; sin embargo, ciertos aspectos entrañan el peligro de crear estructuras que van más allá de lo meramente inconveniente e innecesario, como el servicio nacional de inteligencia y seguridad.
Crear un servicio de inteligencia está fuera de proporción, porque ello implica un cuerpo independiente, con mando y con carrera, lo que supone el establecimiento de jerarquía y escalafón. Tal como se propone, en mi opinión, es crear más burocracia y dispersar su control convirtiéndolo, a la postre, en un ente ineficiente. Lo apropiado para el país, por su tamaño e instituciones, sería un organismo encargado de analizar las situaciones de peligro y amenaza de la seguridad pública, a partir de la información que se genera desde la policía, migración, investigación judicial, y otras instancias que vigilan y combaten el crimen y las posibles actividades criminales.
El llamado servicio de inteligencia, cuyo nombre debe cambiarse para uno más adecuado con su misión y el régimen democrático, debe convocar a expertos en diversas áreas como: especialistas en movilización humana, población, juristas, criminalistas, psicólogos, y otros profesionales o científicos que puedan analizar datos y advertir situaciones de peligro y amenaza para el país. La labor de investigación, fiscalización, y seguimiento debe estar en manos de otros organismos o autoridad competente.
Lo mismo vale para el proyectado servicio nacional de fronteras que, por la coyuntura con Colombia, principalmente, se pretende convertir en una nueva fuerza pública dentro de la existente. No tiene por qué ser un servicio nuevo, cuando muy bien podría ser una unidad de la policía nacional, con el equipo y el entrenamiento propios de un cuerpo policial de fronteras. Tendría funciones específicas, pero sin mando separado, como se procura hacer ahora. Ahorraríamos recursos y nos evitaríamos crear un ente nuevo, cuya consecuencia inmediata será encarecer el presupuesto de la fuerza pública y desmembrar a la actual policía.
Ya nuestras observaciones fueron hechas en una reciente reunión en la Presidencia de la República, pero las hacemos públicas porque la comunidad tiene derecho a saber lo que se nos viene encima. El gobierno consulta, pero aún falta que demuestre que acoge y pone en práctica las observaciones de los consultados. Existe el deseo de hacer algo, y eso es ya un avance; pero que el afán no nos lleve a cometer errores que luego tendremos que lamentar. A mi modo de ver, los puntos más críticos están en los servicios de inteligencia y fronteras.
Nos queda un gran trecho por andar si queremos construir sobre bases sólidas el sistema de protección y seguridad pública que necesita el país. La prisa no es buena, y tampoco la dilación politiquera. La necesidad de mayor seguridad pública es real; también lo es que el enfoque y la estructura sean de carácter policial, dentro del contexto profesional y moderno. Nada de ejército, ni el arcaico sistema de pito y tolete. El desafío existe y tenemos que afrontarlo.
Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org
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