2008-02-24
A tiro de piedra
Derechos posesorios
La rebatiña por la tierra que se ha formado en Panamá es de pavor, porque mucha gente pierde sus terrenos entre la compra desmedida y la bellaquería de algunos que, sin ningún empacho, se apoderan de lo que no les pertenece y lo venden a terceros. ¿Qué hace el gobierno? Poco, que yo sepa, y deja el asunto a la libre oferta y demanda, o en manos de unos tribunales en los que el pobre desplatado poco puede hacer para que le reconozcan sus derechos.
He sabido de varios casos en los que las personas venden sus derechos posesorios por unos cuantos miles, cuando su tierra vale muchísimo más; se gastan el dinero; y luego quedan como precaristas en las ciudades del interior o la capital. En otros casos, vecinos del lugar venden lotes y fincas ajenos a extranjeros, hasta que aparece el verdadero dueño y se forma el lío. También hay casos como el de un político sinvergüenza, ex alcalde de Arraiján, que quiere despojar a una humilde mujer de su propiedad, para favorecer a un extranjero vecino de ella. El político ya tiene varios casos como éste en su haber. Me gustaría saber lo que dirá la gente de su partido, cuando aparezca el caso en los medios de comunicación y vayan a pedir votos prometiendo honestidad en el manejo de la cosa pública.
Es preciso que el gobierno tome medidas efectivas y urgentes, por el interés social que implica la situación. Las denuncias de los lugareños, especialmente los que viven cerca de las costas, son cada vez más abundantes.
La propiedad privada debe respetarse, pero también debe protegerse al débil de los abusadores y los delincuentes catastrales. Mañana será tarde y, en caso de que el asunto continúe a la libre oferta y demanda, el ambiente de impunidad, denegación de justicia, y de desprecio al principio de subsidiariedad, provocará que la población busque su propia solución en la defensa de sus derechos; cosa que por lo general desemboca en la violencia.
Nuestra población rural, o poseedora de tierras bajo derecho posesorio y aún con título de propiedad, necesita de apoyo y orientación estatal y de la sociedad civil organizada. Tenemos que evitar que continúe siendo víctima de especuladores y de la bellaquería de algunos, entre ellos delincuentes catastrales, que la despoja de su patrimonio y la empuja a un estado de total pobreza e indefensión social, porque parte importante de ella ni siquiera tiene una educación completa ni un oficio o profesión que le permita ganarse el sustento en otro ambiente distinto del que deja.
Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org
Ir a Panorama Católico Edición Digital
A tiro de piedra
Derechos posesorios
La rebatiña por la tierra que se ha formado en Panamá es de pavor, porque mucha gente pierde sus terrenos entre la compra desmedida y la bellaquería de algunos que, sin ningún empacho, se apoderan de lo que no les pertenece y lo venden a terceros. ¿Qué hace el gobierno? Poco, que yo sepa, y deja el asunto a la libre oferta y demanda, o en manos de unos tribunales en los que el pobre desplatado poco puede hacer para que le reconozcan sus derechos.
He sabido de varios casos en los que las personas venden sus derechos posesorios por unos cuantos miles, cuando su tierra vale muchísimo más; se gastan el dinero; y luego quedan como precaristas en las ciudades del interior o la capital. En otros casos, vecinos del lugar venden lotes y fincas ajenos a extranjeros, hasta que aparece el verdadero dueño y se forma el lío. También hay casos como el de un político sinvergüenza, ex alcalde de Arraiján, que quiere despojar a una humilde mujer de su propiedad, para favorecer a un extranjero vecino de ella. El político ya tiene varios casos como éste en su haber. Me gustaría saber lo que dirá la gente de su partido, cuando aparezca el caso en los medios de comunicación y vayan a pedir votos prometiendo honestidad en el manejo de la cosa pública.
Es preciso que el gobierno tome medidas efectivas y urgentes, por el interés social que implica la situación. Las denuncias de los lugareños, especialmente los que viven cerca de las costas, son cada vez más abundantes.
La propiedad privada debe respetarse, pero también debe protegerse al débil de los abusadores y los delincuentes catastrales. Mañana será tarde y, en caso de que el asunto continúe a la libre oferta y demanda, el ambiente de impunidad, denegación de justicia, y de desprecio al principio de subsidiariedad, provocará que la población busque su propia solución en la defensa de sus derechos; cosa que por lo general desemboca en la violencia.
Nuestra población rural, o poseedora de tierras bajo derecho posesorio y aún con título de propiedad, necesita de apoyo y orientación estatal y de la sociedad civil organizada. Tenemos que evitar que continúe siendo víctima de especuladores y de la bellaquería de algunos, entre ellos delincuentes catastrales, que la despoja de su patrimonio y la empuja a un estado de total pobreza e indefensión social, porque parte importante de ella ni siquiera tiene una educación completa ni un oficio o profesión que le permita ganarse el sustento en otro ambiente distinto del que deja.
Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org
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