2007-10-14
A tiro de piedra
El caos perenne del transporte
Una vez más el pueblo resulta víctima de la coalición de diputados y buseros que controla la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, con una ley que legaliza el caos y poca solución le da a los usuarios y al resto del público. Las migajas que se le han reconocido al pueblo, no son nada con la porción de los buseros rica en prebendas y privilegios. Afortunadamente el Presidente de la República la ha vetado, aunque no les haya tocado el cupo hereditario que, contra toda moral y constitucionalidad, pretenden darse.
Mientras los buseros tengan el control de la Comisión de Transporte; mientras la autoridad se rinda a sus caprichos; y mientras el sistema continúe con los fundamentos y la filosofía que lo rige, no habrá un servicio de transporte justo, digno, y que responda a las necesidades del usuario y no a los intereses de los dueños de los autobuses.
Si hay tres puntos que no deben ser controlados por los buseros, son: la representación en la directiva de la Autoridad de Tránsito, el control de los certificados de operación o cupos, y la selección del tipo de vehículos que se utiliza para el transporte público de pasajeros. Basta con un representante ante la junta directiva, y no tres ni cuatro. ¿Para qué? ¿Acaso la Autoridad de Tránsito sólo se ocupa de los autobuses? ¿Por qué tener tanta injerencia en otros asuntos del tránsito y transporte terrestre que no les compete? ¿Cómo puede regularse el mismo gremio que debe ser regulado y supervisado por la autoridad? Estamos mal y seguiremos mal, si no se corrigen esas anomalías.
Es hora de crear una empresa estatal de transporte, con autonomía plena y libre de toda influencia politiquera, cuya directiva y administración tenga libertad de acción para disponer sobre el itinerario de los vehículos, frecuencia de salida, que le pague sueldo a los conductores y sus prestaciones, que controle y sancione la conducta de los que hacen regata, que atienda el reclamo de los usuarios, que sea sujeto de responsabilidad legal por los daños que ocasionan sus empleados y sus vehículos, que esté obligada a contratar seguros de daños a terceros, que haga uso de los cupos como concesión y no como herencia, y que le pague los impuestos al estado de manera completa y puntual, al igual que las multas de tránsito.
Basta del abuso; que el pueblo se impacienta. Que no lleguemos a extremos como en otros países, donde la población, harta del abuso, prende fuego a los autobuses. Levantemos nuestra voz, y empecemos a ponerle alto al abuso de una casta que tiene secuestrado el servicio público de transporte de pasajeros, y lo maneja como propiedad particular. Quebremos su punto de apoyo: la Comisión de Transporte de la Asamblea.
Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org
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A tiro de piedra
El caos perenne del transporte
Una vez más el pueblo resulta víctima de la coalición de diputados y buseros que controla la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, con una ley que legaliza el caos y poca solución le da a los usuarios y al resto del público. Las migajas que se le han reconocido al pueblo, no son nada con la porción de los buseros rica en prebendas y privilegios. Afortunadamente el Presidente de la República la ha vetado, aunque no les haya tocado el cupo hereditario que, contra toda moral y constitucionalidad, pretenden darse.
Mientras los buseros tengan el control de la Comisión de Transporte; mientras la autoridad se rinda a sus caprichos; y mientras el sistema continúe con los fundamentos y la filosofía que lo rige, no habrá un servicio de transporte justo, digno, y que responda a las necesidades del usuario y no a los intereses de los dueños de los autobuses.
Si hay tres puntos que no deben ser controlados por los buseros, son: la representación en la directiva de la Autoridad de Tránsito, el control de los certificados de operación o cupos, y la selección del tipo de vehículos que se utiliza para el transporte público de pasajeros. Basta con un representante ante la junta directiva, y no tres ni cuatro. ¿Para qué? ¿Acaso la Autoridad de Tránsito sólo se ocupa de los autobuses? ¿Por qué tener tanta injerencia en otros asuntos del tránsito y transporte terrestre que no les compete? ¿Cómo puede regularse el mismo gremio que debe ser regulado y supervisado por la autoridad? Estamos mal y seguiremos mal, si no se corrigen esas anomalías.
Es hora de crear una empresa estatal de transporte, con autonomía plena y libre de toda influencia politiquera, cuya directiva y administración tenga libertad de acción para disponer sobre el itinerario de los vehículos, frecuencia de salida, que le pague sueldo a los conductores y sus prestaciones, que controle y sancione la conducta de los que hacen regata, que atienda el reclamo de los usuarios, que sea sujeto de responsabilidad legal por los daños que ocasionan sus empleados y sus vehículos, que esté obligada a contratar seguros de daños a terceros, que haga uso de los cupos como concesión y no como herencia, y que le pague los impuestos al estado de manera completa y puntual, al igual que las multas de tránsito.
Basta del abuso; que el pueblo se impacienta. Que no lleguemos a extremos como en otros países, donde la población, harta del abuso, prende fuego a los autobuses. Levantemos nuestra voz, y empecemos a ponerle alto al abuso de una casta que tiene secuestrado el servicio público de transporte de pasajeros, y lo maneja como propiedad particular. Quebremos su punto de apoyo: la Comisión de Transporte de la Asamblea.
Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org
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