2009-08-09
La Voz del Pastor
¿Aumento de las penas?
En Panamá, como en muchos países, ante el aumento de la inseguridad ciudadana, se ha presentado con fuerza como un remedio, la propuesta de aumentar las penas a los menores. Es evidente que la violencia ha crecido y los jóvenes se visibilizan más en ella. Se cometen crímenes a edades tempranas y las víctimas por este efecto son cada vez más precoces. Urge contar con políticas que aborden las causas que llevan a esta escalada de violencia en que los jóvenes son tanto víctimas como protagonistas.
El caldo de cultivo y factor que más afecta a los jóvenes de ambos sexos es la pobreza, con todas sus implicaciones, que, en círculo vicioso, también les dificulta el acceso a empleos dignos. Se necesita combinar políticas y medidas preventivas con punitivas, lo que implica represión de los efectos pero atención a las causas; acciones educativas; programas que fortalezcan el primer empleo; y una adecuada reinserción social para los jóvenes rehabilitados.
En efecto, el deterioro social está ligado a múltiples factores. Uno de los más influyentes es el aumento de las desigualdades sociales. ¿Qué factores actúan sobre la criminalidad? Existe una correlación robusta entre ascenso de la delincuencia y desocupación juvenil.
Existe una relación directa entre deterioro del núcleo familiar y delincuencia. La familia es una institución decisiva en materia de prevención del delito. Si ésta funciona bien, impartirá valores y ejemplos de conducta en las edades tempranas que serán después fundamentales, pero la familia está siendo erosionada en nuestro entorno.
Tampoco olvidar que la denuncia de la violencia de género ha aumentado, junto con la persistencia de una grave desprotección para niños y jóvenes abusados. Además, están las conductas violentas autoinflingidas o dirigidas a otros vinculadas al consumo de alcohol y drogas.
Otra correlación es la observable entre educación y criminalidad. También hay que tomar en cuenta que para los pobres recibir una educación de baja calidad implica acceso a empleos con baja remuneración, disminuyendo su capacidad de mejoramiento de su calidad de vida.
En América Latina, la propuesta punitiva, pone el énfasis en aumentar el número de efectivos policiales, dar mayor discrecionalidad a la policía, bajar la edad de imputabilidad, modificar los códigos penales para reducir las garantías que se considera obstaculizan el trabajo policial, aumentar el gasto en seguridad en general. Por su parte, la propuesta preventiva considera que el método punitivo sólo logra efectos aparentes a corto plazo.
Ante el miedo y la incertidumbre, la vía punitiva tiene amplio terreno para prosperar. Sin embargo, es necesario mirar más allá. El debate es bueno para pensar, clarificar, antes de actuar. Con seguridad, empresas criminales organizadas como el narcotráfico, el secuestro y otros, requieren una respuesta contundente de la sociedad que tiene todo el derecho a defenderse de ellos, pero no olvidar que una parte importante del delito está ligado estrechamente al crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Está en juego la calidad moral básica de nuestra sociedad.
Atacar los factores estratégicos requiere que las sociedades inviertan fuertemente en aumentar las oportunidades ocupacionales para los jóvenes, en desarrollar políticas sistemáticas de protección a la familia y en fortalecer la educación. Estado y sociedad civil deben sumar sus esfuerzos para llevar adelante un plan concertado de acción comunitaria orientado a crear oportunidades de trabajo y desarrollo para los desfavorecidos; de cambios en educación. Si se evade una discusión a fondo sobre las causas últimas del problema delictivo y, por el contrario, se concentra la acción en la mera punición, se corre el grave riesgo de deslizarnos hacia la criminalización de la pobreza, pasando los desfavorecidos a ser vistos como sospechosos en potencia, que deben ser confinados tras barreras protectoras; indagados o vistos con suspicacia sólo por su rostro y su aspecto, agrediendo de esta manera la dignidad de la persona humana.
Mons. Pablo Varela Server
Obispo Auxiliar
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¿Aumento de las penas?
En Panamá, como en muchos países, ante el aumento de la inseguridad ciudadana, se ha presentado con fuerza como un remedio, la propuesta de aumentar las penas a los menores. Es evidente que la violencia ha crecido y los jóvenes se visibilizan más en ella. Se cometen crímenes a edades tempranas y las víctimas por este efecto son cada vez más precoces. Urge contar con políticas que aborden las causas que llevan a esta escalada de violencia en que los jóvenes son tanto víctimas como protagonistas.
El caldo de cultivo y factor que más afecta a los jóvenes de ambos sexos es la pobreza, con todas sus implicaciones, que, en círculo vicioso, también les dificulta el acceso a empleos dignos. Se necesita combinar políticas y medidas preventivas con punitivas, lo que implica represión de los efectos pero atención a las causas; acciones educativas; programas que fortalezcan el primer empleo; y una adecuada reinserción social para los jóvenes rehabilitados.
En efecto, el deterioro social está ligado a múltiples factores. Uno de los más influyentes es el aumento de las desigualdades sociales. ¿Qué factores actúan sobre la criminalidad? Existe una correlación robusta entre ascenso de la delincuencia y desocupación juvenil.
Existe una relación directa entre deterioro del núcleo familiar y delincuencia. La familia es una institución decisiva en materia de prevención del delito. Si ésta funciona bien, impartirá valores y ejemplos de conducta en las edades tempranas que serán después fundamentales, pero la familia está siendo erosionada en nuestro entorno.
Tampoco olvidar que la denuncia de la violencia de género ha aumentado, junto con la persistencia de una grave desprotección para niños y jóvenes abusados. Además, están las conductas violentas autoinflingidas o dirigidas a otros vinculadas al consumo de alcohol y drogas.
Otra correlación es la observable entre educación y criminalidad. También hay que tomar en cuenta que para los pobres recibir una educación de baja calidad implica acceso a empleos con baja remuneración, disminuyendo su capacidad de mejoramiento de su calidad de vida.
En América Latina, la propuesta punitiva, pone el énfasis en aumentar el número de efectivos policiales, dar mayor discrecionalidad a la policía, bajar la edad de imputabilidad, modificar los códigos penales para reducir las garantías que se considera obstaculizan el trabajo policial, aumentar el gasto en seguridad en general. Por su parte, la propuesta preventiva considera que el método punitivo sólo logra efectos aparentes a corto plazo.
Ante el miedo y la incertidumbre, la vía punitiva tiene amplio terreno para prosperar. Sin embargo, es necesario mirar más allá. El debate es bueno para pensar, clarificar, antes de actuar. Con seguridad, empresas criminales organizadas como el narcotráfico, el secuestro y otros, requieren una respuesta contundente de la sociedad que tiene todo el derecho a defenderse de ellos, pero no olvidar que una parte importante del delito está ligado estrechamente al crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Está en juego la calidad moral básica de nuestra sociedad.
Atacar los factores estratégicos requiere que las sociedades inviertan fuertemente en aumentar las oportunidades ocupacionales para los jóvenes, en desarrollar políticas sistemáticas de protección a la familia y en fortalecer la educación. Estado y sociedad civil deben sumar sus esfuerzos para llevar adelante un plan concertado de acción comunitaria orientado a crear oportunidades de trabajo y desarrollo para los desfavorecidos; de cambios en educación. Si se evade una discusión a fondo sobre las causas últimas del problema delictivo y, por el contrario, se concentra la acción en la mera punición, se corre el grave riesgo de deslizarnos hacia la criminalización de la pobreza, pasando los desfavorecidos a ser vistos como sospechosos en potencia, que deben ser confinados tras barreras protectoras; indagados o vistos con suspicacia sólo por su rostro y su aspecto, agrediendo de esta manera la dignidad de la persona humana.
Mons. Pablo Varela Server
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