2008-05-25
A tiro de piedra
Transmóvil
La noticia de la creación de un nuevo servicio de autobuses de transporte colectivo de pasajeros por parte del gobierno es un paso hacia la solución de un problema que lleva muchos años. Sin embargo, los datos iniciales ya presagian que poco arreglo habrá de lo ya torcido.
Hay tres aspectos que entrañan peligro: el sistema de cuenta diaria, el cobro de ese pago por la Autoridad de Tránsito, y la concesión de la operación de las rutas a uno o dos consorcios privados. Si queremos avanzar más allá de los buses nuevos y de la liberación del clan de los "diablos rojos", el gobierno debe replantearse el quién y el cómo en la administración de la empresa de transporte que propone.
El sistema de cuenta diaria que paga el conductor al dueño del bus es, en gran medida, el causante de las regatas que tanto daño y muerte han ocasionado, porque está pensado para generarle ingreso al palanca o conductor bajo el principio de "a mayor cantidad de vueltas, más plata gana el que conduce". Aparte, tal forma de relación remunerativa exime al propietario de la obligación de pagarle salario y prestaciones al trabajador. Si el gobierno lo acepta, no sólo estaría contribuyendo al desorden en las calles con las regatas, sino que violaría le ley laboral que está llamado a hacer cumplir en nombre del estado.
Con relación a otorgarle a la Autoridad de Tránsito la función de cobrar la cuenta diaria, la cuestión resulta inconveniente. Primero, la entidad debe velar por el cumplimiento de las leyes en el campo de su competencia; su función no es cobrar cuentas de buses, sino imponer y cobrar multas. Segundo, el sistema de cuenta diaria funciona actualmente porque cada conductor retira y entrega el vehículo donde conviene con el dueño. ¿Cómo se hará en manos de la ATTT? ¿Dónde guardarán los 420 buses cada día y los otros 400 que vendrán? Resulta mejor ponerles sueldo y que sean supervisados por la Gerencia Metropolitana de Transporte, a quien sí le corresponde el papel administrativo y operativo de los buses del estado.
Acerca de la concesión de la operación de rutas a uno o dos consorcios privados, la experiencia nos dice que este tipo de transacción traerá al menos dos consecuencias: que el estado les garantice una ganancia razonable a las empresas y el encarecimiento de la tarifa del pasaje. Verbigracia: los corredores norte y sur, la electricidad, y el teléfono. Una sociedad mercantil tiene el fin de producir y ganar dinero; una empresa estatal de servicio público, proveer un servicio y cubrir sus costos aunque no genere utilidades. Si el estado garantiza una "ganancia razonable" debe acceder a que el precio o la tarifa se incremente, para que esa ganancia se produzca.
En mi opinión la empresa debe ser estatal, y que funcione bajo un régimen especial, para darle estabilidad al administrador en su cargo y permitirle ejecutar sus planes de servicio y desarrollo libre de las dilaciones propias de la burocracia y de la influencia malsana de los que malentienden la política y su posición dentro de la administración pública.
Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org
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A tiro de piedra
Transmóvil
La noticia de la creación de un nuevo servicio de autobuses de transporte colectivo de pasajeros por parte del gobierno es un paso hacia la solución de un problema que lleva muchos años. Sin embargo, los datos iniciales ya presagian que poco arreglo habrá de lo ya torcido.
Hay tres aspectos que entrañan peligro: el sistema de cuenta diaria, el cobro de ese pago por la Autoridad de Tránsito, y la concesión de la operación de las rutas a uno o dos consorcios privados. Si queremos avanzar más allá de los buses nuevos y de la liberación del clan de los "diablos rojos", el gobierno debe replantearse el quién y el cómo en la administración de la empresa de transporte que propone.
El sistema de cuenta diaria que paga el conductor al dueño del bus es, en gran medida, el causante de las regatas que tanto daño y muerte han ocasionado, porque está pensado para generarle ingreso al palanca o conductor bajo el principio de "a mayor cantidad de vueltas, más plata gana el que conduce". Aparte, tal forma de relación remunerativa exime al propietario de la obligación de pagarle salario y prestaciones al trabajador. Si el gobierno lo acepta, no sólo estaría contribuyendo al desorden en las calles con las regatas, sino que violaría le ley laboral que está llamado a hacer cumplir en nombre del estado.
Con relación a otorgarle a la Autoridad de Tránsito la función de cobrar la cuenta diaria, la cuestión resulta inconveniente. Primero, la entidad debe velar por el cumplimiento de las leyes en el campo de su competencia; su función no es cobrar cuentas de buses, sino imponer y cobrar multas. Segundo, el sistema de cuenta diaria funciona actualmente porque cada conductor retira y entrega el vehículo donde conviene con el dueño. ¿Cómo se hará en manos de la ATTT? ¿Dónde guardarán los 420 buses cada día y los otros 400 que vendrán? Resulta mejor ponerles sueldo y que sean supervisados por la Gerencia Metropolitana de Transporte, a quien sí le corresponde el papel administrativo y operativo de los buses del estado.
Acerca de la concesión de la operación de rutas a uno o dos consorcios privados, la experiencia nos dice que este tipo de transacción traerá al menos dos consecuencias: que el estado les garantice una ganancia razonable a las empresas y el encarecimiento de la tarifa del pasaje. Verbigracia: los corredores norte y sur, la electricidad, y el teléfono. Una sociedad mercantil tiene el fin de producir y ganar dinero; una empresa estatal de servicio público, proveer un servicio y cubrir sus costos aunque no genere utilidades. Si el estado garantiza una "ganancia razonable" debe acceder a que el precio o la tarifa se incremente, para que esa ganancia se produzca.
En mi opinión la empresa debe ser estatal, y que funcione bajo un régimen especial, para darle estabilidad al administrador en su cargo y permitirle ejecutar sus planes de servicio y desarrollo libre de las dilaciones propias de la burocracia y de la influencia malsana de los que malentienden la política y su posición dentro de la administración pública.
Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
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