Multas de tránsito

2009-07-26
A tiro de piedra
Multas de tránsito

El anuncio del aumento de las multas de tránsito es ineficaz para resolver el caos y el irrespeto que se da en las vías públicas. Meter miedo es una cosa; hacer sentir respeto por la ley, otra. Un incremento desmedido en el monto de las multas sólo presagia una cosa: más coima.

La nueva titular de la Autoridad del Tránsito es trabajadora, inteligente y sensible a las sugerencias. Cuando recoja las diversas opiniones sobre su plan, de seguro las tomará en cuenta y reevaluará su propuesta. Aumentar de manera excesiva la sanción pecuniaria por las infracciones al reglamento de tránsito no es la solución para el problema. La cultura y el sistema creados en este ambiente conspiran contra tal medida. Los que se creen dueños de la avenida seguirán con sus malos hábitos, porque no es la multa actual la que los hace actuar así, sino el contubernio y la complicidad de ciertos agentes y de algunas autoridades.

Si analizamos por mera observación lo que acontece en la calle, nos daremos cuenta de algunas falencias en el control que se ejerce sobre los conductores infractores. La ausencia de vigilancia es notoria. Podemos recorrer por casi una hora las avenidas principales de la ciudad, y no vemos un policía de tránsito. Cuando aparece alguno, por lo general custodia una construcción o anda a pie. El conductor infractor lo sabe, y se juega una ruleta en la que tiene más probabilidad de salir impune que ser sorprendido en la acción.

Otra situación común es la actitud de los conductores de transporte colectivo, que poco caso hacen del silbato del agente. Tienen que pitarle varias veces, para que atiendan. Cuando hay varios agentes en un operativo, entonces obedecen, pero gran parte del día andan felices y a sus anchas.

Creo que antes de subir el precio de las multas es mejor organizar la vigilancia, colocar más policías de tránsito motorizados en la calles, y dividir la ciudad por cuadrantes, para que la vigilancia sea efectiva. Si se hace cumplir la ley, los conductores irresponsables tendrán la certeza del castigo y de la presencia constante de la policía de tránsito.

De hacerse una reforma endureciendo la sanción, esta debe dirigirse a los reincidentes. A esos debe imponérseles un castigo escalonado, que los disuada de su mal comportamiento al conducir un vehículo. Las penas empezarían por lo pecuniario, para luego pasar a terapia sicológica y suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducir.

Antes de poner en vigencia la desproporcionada elevación del monto de las multas, la Autoridad de Tránsito debe sopesar el alcance que esa medida tendrá. De no hacerlo, los agentes corruptos tendrán otra razón para llevarse dinero al bolsillo, sin que se vea la solución del problema. Por otra parte, los que no han caído en la vorágine de la corrupción estarían tentados, por el negociado y el dinero fácil que promete la cultura predominante en la relación entre conductores y policías torcidos, a hacer lo mismo que las manzanas podridas.

Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org

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¿Negligencia o intención?

2008-06-08
A tiro de piedra
¿Negligencia o intención?

El domingo anterior hice mención de una multa de tránsito que me impuso un sargento de la policía de apellido Sierra, quien junto a otros dos agentes, una de ellos mujer, se dedicaban a cazar conductores a una distancia de más de 200 metros del puente elevado frente a la entrada de Burunga, en dirección hacia la ciudad de Panamá. Decía, también, que tenía mis sospechas acerca de la operación que realizaban, y que yo consideraba que no había cometido la infracción. Volví, vi y comprobé mi sospecha.

Vuelvo sobre el tema, porque quiero que sea como una denuncia pública. Recorrí cuidadosamente el área, para comprobar si en realidad había yo cometido la infracción de ir a exceso de velocidad en una zona de 80 kilómetros por hora, a los 95 k.p.h. que, según el sargento Sierra, marcó su radar cuando pasaba con mi vehículo. El resultado fue negativo. El sargento Sierra, y el resto de los agentes que le acompañaban la tarde del domingo 25 de mayo, no tenían razón en su afirmación.

En el trayecto, al salir de la autopista Arraiján – La Chorrera, hay una señal que pide conducir a 80 k.p.h. Más adelante, al pasar los entronques, hay un letrero amarillo en forma de rombo, mucho más grande que la señal de 80 kilómetros, que dice: Reasuma la velocidad. Desde allí hasta el punto en que se instaló el sargento Sierra, con los agentes que lo acompañaban en el autopatrulla 80076, NO HAY MAS SEÑALES.

Ya comprobado lo anterior, las preguntas que me hago son: ¿Hubo negligencia en la actuación de los agentes? ¿Hubo mala intención? En el primer caso, el asunto merece una reprimenda y una sanción disciplinaria; en el segundo, deben confesar cuál era su intención y, posiblemente, la baja deshonrosa por falta de honestidad y por corrupción al ejercer su cargo.

La policía es una institución que debe inspirar confianza y actuar de manera honesta y transparente, porque en ella los ciudadanos ponemos nuestra fiabilidad para que nos cuide y proteja en su deber de brindarnos la seguridad pública. Cuando un policía dice que ve un letrero blanco y con letras negras de 3 pies cuadrados, pero no ve uno de fondo amarillo y letras negras con una dimensión de casi 16 pies cuadrados, la cosa está mal. Si vio el más pequeño y menos notorio, ¿porqué no vio el más grande y llamativo?

Ese asunto me olió mal desde el principio; por eso fui a comprobarlo. Me impusieron una multa, a mí y a otros más, no sé si fue por negligencia o por corrupción. Quedará, también, registrada en mi historial de conductor y me descontarán puntos por la falsa infracción. ¿Quién me resarcirá ese daño? Si alguna autoridad lee esto, y espero que así sea, que haga justicia y saque de circulación a esos agentes que, al momento, no sé si son incompetentes o una cuadrilla de bellacos propensos a practicar la corrupción policial que tanto daño le hace a la institución y a los ciudadanos que somos víctimas de tan inmoral proceder.

Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org

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Transmóvil

2008-05-25
A tiro de piedra
Transmóvil

La noticia de la creación de un nuevo servicio de autobuses de transporte colectivo de pasajeros por parte del gobierno es un paso hacia la solución de un problema que lleva muchos años. Sin embargo, los datos iniciales ya presagian que poco arreglo habrá de lo ya torcido.

Hay tres aspectos que entrañan peligro: el sistema de cuenta diaria, el cobro de ese pago por la Autoridad de Tránsito, y la concesión de la operación de las rutas a uno o dos consorcios privados. Si queremos avanzar más allá de los buses nuevos y de la liberación del clan de los "diablos rojos", el gobierno debe replantearse el quién y el cómo en la administración de la empresa de transporte que propone.

El sistema de cuenta diaria que paga el conductor al dueño del bus es, en gran medida, el causante de las regatas que tanto daño y muerte han ocasionado, porque está pensado para generarle ingreso al palanca o conductor bajo el principio de "a mayor cantidad de vueltas, más plata gana el que conduce". Aparte, tal forma de relación remunerativa exime al propietario de la obligación de pagarle salario y prestaciones al trabajador. Si el gobierno lo acepta, no sólo estaría contribuyendo al desorden en las calles con las regatas, sino que violaría le ley laboral que está llamado a hacer cumplir en nombre del estado.

Con relación a otorgarle a la Autoridad de Tránsito la función de cobrar la cuenta diaria, la cuestión resulta inconveniente. Primero, la entidad debe velar por el cumplimiento de las leyes en el campo de su competencia; su función no es cobrar cuentas de buses, sino imponer y cobrar multas. Segundo, el sistema de cuenta diaria funciona actualmente porque cada conductor retira y entrega el vehículo donde conviene con el dueño. ¿Cómo se hará en manos de la ATTT? ¿Dónde guardarán los 420 buses cada día y los otros 400 que vendrán? Resulta mejor ponerles sueldo y que sean supervisados por la Gerencia Metropolitana de Transporte, a quien sí le corresponde el papel administrativo y operativo de los buses del estado.

Acerca de la concesión de la operación de rutas a uno o dos consorcios privados, la experiencia nos dice que este tipo de transacción traerá al menos dos consecuencias: que el estado les garantice una ganancia razonable a las empresas y el encarecimiento de la tarifa del pasaje. Verbigracia: los corredores norte y sur, la electricidad, y el teléfono. Una sociedad mercantil tiene el fin de producir y ganar dinero; una empresa estatal de servicio público, proveer un servicio y cubrir sus costos aunque no genere utilidades. Si el estado garantiza una "ganancia razonable" debe acceder a que el precio o la tarifa se incremente, para que esa ganancia se produzca.

En mi opinión la empresa debe ser estatal, y que funcione bajo un régimen especial, para darle estabilidad al administrador en su cargo y permitirle ejecutar sus planes de servicio y desarrollo libre de las dilaciones propias de la burocracia y de la influencia malsana de los que malentienden la política y su posición dentro de la administración pública.

Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org

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Pico y placa

2008-04-13
A tiro de piedra
Pico y placa

Recientemente leí un reportaje que informa de un posible plan para disminuir el tráfico por las calles de la ciudad capital, que restringirá la circulación de los vehículos, según el número de matrícula, en las llamadas "horas pico" de la mañana y de la tarde; medida que podría extenderse a todo el día.

En principio la acción tiene sabor amargo, pero es comprensible por la situación que vivimos a consecuencia de los tranques. Pensándolo mejor, vemos que su probabilidad de éxito es poca, porque el congestionamiento vehicular obedece más al caos urbano que al tráfico en sí. Dicho en otras palabras: el abuso en la construcción de edificios de alta densidad de ocupantes, en zonas con el mismo número y dimensión de calles y avenidas, ejerce fuerte presión sobre una red vial construida para menor población y actividad que la actual. La solución, por tanto, debe enfocarse desde la perspectiva urbanística más que desde el enfoque de tránsito vehicular.

La operación de "pico y placa" propuesta podría ser útil por un tiempo determinado; pero si continúa el caos urbano, como estamos viéndolo, su utilidad tiene plazo perentorio.

Hace dos décadas supe que en Caracas se adoptó un plan similar, que fue burlado con la compra de un segundo vehículo por muchos venezolanos de la capital del país. En ese tiempo el petróleo les hacía vivir una bonanza económica, que empujaba al consumismo. Aquí no tenemos petróleo, pero hay bonanza económica para un sector de la población que, ya, posee más de un automóvil por hogar. Como veo las cosas, aquí la mayoría de la gente aspira a tener un carro; se financian y venden por montón; y la oferta de autos usados ya muestra vehículos más nuevos y a precios accesibles, que se pueden comprar con matrícula puesta, como para que usted escoja si la quiere con terminación par o non. ¿Será esta la conducta para burlar la medida de "pico y placa"?

Cuando se construyó el metro de Caracas, años después, volví a visitar esa ciudad y me encontré con una situación distinta: muchos dejaban su automóvil en casa, porque era más rápido y económico viajar en el Metro y cambiar, donde no había línea, al metrobus. Ahora también está a prueba Santo Domingo, capital de la República Dominicana, con su nuevo metro. Ya veremos los resultados.

Méjico, Caracas, Madrid, Barcelona, Roma y otras capitales y ciudades que tuvieron el mismo problema que hoy tiene Panamá, lo aliviaron y solucionaron, según el caso, con un sistema de transporte urbano moderno y eficiente, y con medidas urbanísticas adecuadas. ¿Haremos algo parecido? El tiempo nos lo dirá.

Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org

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El caos perenne del transporte

2007-10-14
A tiro de piedra
El caos perenne del transporte

Una vez más el pueblo resulta víctima de la coalición de diputados y buseros que controla la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, con una ley que legaliza el caos y poca solución le da a los usuarios y al resto del público. Las migajas que se le han reconocido al pueblo, no son nada con la porción de los buseros rica en prebendas y privilegios. Afortunadamente el Presidente de la República la ha vetado, aunque no les haya tocado el cupo hereditario que, contra toda moral y constitucionalidad, pretenden darse.

Mientras los buseros tengan el control de la Comisión de Transporte; mientras la autoridad se rinda a sus caprichos; y mientras el sistema continúe con los fundamentos y la filosofía que lo rige, no habrá un servicio de transporte justo, digno, y que responda a las necesidades del usuario y no a los intereses de los dueños de los autobuses.

Si hay tres puntos que no deben ser controlados por los buseros, son: la representación en la directiva de la Autoridad de Tránsito, el control de los certificados de operación o cupos, y la selección del tipo de vehículos que se utiliza para el transporte público de pasajeros. Basta con un representante ante la junta directiva, y no tres ni cuatro. ¿Para qué? ¿Acaso la Autoridad de Tránsito sólo se ocupa de los autobuses? ¿Por qué tener tanta injerencia en otros asuntos del tránsito y transporte terrestre que no les compete? ¿Cómo puede regularse el mismo gremio que debe ser regulado y supervisado por la autoridad? Estamos mal y seguiremos mal, si no se corrigen esas anomalías.

Es hora de crear una empresa estatal de transporte, con autonomía plena y libre de toda influencia politiquera, cuya directiva y administración tenga libertad de acción para disponer sobre el itinerario de los vehículos, frecuencia de salida, que le pague sueldo a los conductores y sus prestaciones, que controle y sancione la conducta de los que hacen regata, que atienda el reclamo de los usuarios, que sea sujeto de responsabilidad legal por los daños que ocasionan sus empleados y sus vehículos, que esté obligada a contratar seguros de daños a terceros, que haga uso de los cupos como concesión y no como herencia, y que le pague los impuestos al estado de manera completa y puntual, al igual que las multas de tránsito.

Basta del abuso; que el pueblo se impacienta. Que no lleguemos a extremos como en otros países, donde la población, harta del abuso, prende fuego a los autobuses. Levantemos nuestra voz, y empecemos a ponerle alto al abuso de una casta que tiene secuestrado el servicio público de transporte de pasajeros, y lo maneja como propiedad particular. Quebremos su punto de apoyo: la Comisión de Transporte de la Asamblea.

Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org

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