2008-02-03
Editorial
Seguridad pública
Las autoridades están instituidas para defender la vida, honra y bienes de los asociados. Al menos ese es el enunciado constitucional, y sobre el cual debe inspirarse toda acción y toda ley que emane de los poderes públicos y de quienes ocupan cargos con mando y jurisdicción en el país.
El tema de la seguridad pública vuelve a caldear el ambiente, por los delitos y actos criminales, entre los que sobresale el asesinato, que se suceden con frecuencia últimamente. La situación provoca que se levanten voces de protesta y reclamo; algunas de la comunidad que se siente amenazada en su vida e integridad física y material, y otras, en función de su papel político de gobierno u oposición, según sea el caso.
Instaurar un estado de paz y seguridad pública implica, entre otras cosas, la acción efectiva de las autoridades y la cooperación ciudadana. Mientras escuchamos condenas y justificaciones, muy poco se avanza en aquel sentido. Sanciones más duras podrían disuadir o infundir temor, pero son cosa muerta si no se actúa. Tenemos que atender el asunto de manera integral: prevención, coerción, persecución, y administración de justicia expedita y ejemplar.
Sabido es que para resolver el problema necesitamos, al menos, de dos elementos: voluntad y confianza. Voluntad para ejecutar un plan preventivo de educación ciudadana, de promoción de valores, y de erradicación del ocio que incita a hacer el mal; y confianza en la actuación diligente y eficaz de las autoridades administrativas, policiales, y judiciales. Y en estas últimas, particularmente, para que eviten toda dilación, tecnicismo, formalismo, y actos de corrupción, que traen la ley a menos y la convierten en un medio inútil para impartir la justicia que la sociedad reclama.
Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
diazlink@primada.org
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Editorial
Seguridad pública
Las autoridades están instituidas para defender la vida, honra y bienes de los asociados. Al menos ese es el enunciado constitucional, y sobre el cual debe inspirarse toda acción y toda ley que emane de los poderes públicos y de quienes ocupan cargos con mando y jurisdicción en el país.
El tema de la seguridad pública vuelve a caldear el ambiente, por los delitos y actos criminales, entre los que sobresale el asesinato, que se suceden con frecuencia últimamente. La situación provoca que se levanten voces de protesta y reclamo; algunas de la comunidad que se siente amenazada en su vida e integridad física y material, y otras, en función de su papel político de gobierno u oposición, según sea el caso.
Instaurar un estado de paz y seguridad pública implica, entre otras cosas, la acción efectiva de las autoridades y la cooperación ciudadana. Mientras escuchamos condenas y justificaciones, muy poco se avanza en aquel sentido. Sanciones más duras podrían disuadir o infundir temor, pero son cosa muerta si no se actúa. Tenemos que atender el asunto de manera integral: prevención, coerción, persecución, y administración de justicia expedita y ejemplar.
Sabido es que para resolver el problema necesitamos, al menos, de dos elementos: voluntad y confianza. Voluntad para ejecutar un plan preventivo de educación ciudadana, de promoción de valores, y de erradicación del ocio que incita a hacer el mal; y confianza en la actuación diligente y eficaz de las autoridades administrativas, policiales, y judiciales. Y en estas últimas, particularmente, para que eviten toda dilación, tecnicismo, formalismo, y actos de corrupción, que traen la ley a menos y la convierten en un medio inútil para impartir la justicia que la sociedad reclama.
Luis Alberto Díaz
Director de Panorama Católico
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